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PREMSA 2009

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Socialista en el Senado ha decidido retirar a última hora la enmienda 156 que se iba a votar este miércoles en la Cámara Alta a la Ley Ómnibus y que suponía una modificación de la Ley de Navegación Área permitiendo que los vecinos ubicados cerca de los aeropuertos, como el de Madrid Barajas, se vieran obligados a aguantar el ruido de los vuelos.


Así lo expresó el senador socialista y portavoz en la Comisión de Economía y Hacienda, Antonio Hurtado, quien señaló que se ha decidido retirar la enmienda porque no ha habido tiempo suficiente para ver qué soluciones se pueden abordar para no afectar a los vecinos afectados, que ya montaron en cólera al conocer dicha enmienda.
"El Grupo Socialista va a retirar la enmienda para posibilitar el que la solución que ha planteado a través de esta enmienda sea una solución compartida por todos los afectados y evidentemente compartido por los distintos grupos parlamentarios", apuntó Hurtado, quien señaló que es "muy necesario" que se aborde "con prontitud" una solución al problema que se puede derivar de "un auto que significaría la reducción de la capacidad del aeropuerto de Barajas en un 20 por ciento".
En este sentido, explicó que la enmienda la presentaron en su día "por necesidad" a raíz de lo ocurrido con el caso de los vecinos de la Urbanización Santo Domingo (Algete) afectados por el sobrevuelo de los aviones de una determinada pista y por el número de fallos que se han pronunciado al respecto.
Así, recordó que existe una sentencia de 2008 que da la razón a seis demandantes afectados por el ruido de los aviones de la urbanización Ciudad Santo Domingo, en Algete. En este caso, se les da la razón pero recordó que hay otros autos posteriores "que consideran que el fallo está cumplido" y que las indemnizaciones ya están practicadas.
Sin embargo, apuntó que los vecinos han seguido recurriendo y finalmente han conseguido un auto, el pasado mes, con una resolución judicial "muy distinta a las que se vienen dando y única a nivel de Europa" porque, entre otras cosas, también se define y obliga a que se reduzca la capacidad y los movimientos de una de las pistas de Barajas.
Hurtado llamó a recapacitar sobre qué pasaría si esta decisión se aplicara, asegurando que tendría una "repercusión directa sobre la riqueza que se genera" en el Aeropuerto de Barajas porque además de reducir su capacidad un 20 por ciento, se produciría una pérdida de más de 1.250 millones de euros.
Así, señaló que además de suponer una pérdida de más de 47.000 empleos directos e indirectos, también se traduciría en la reducción de capacidad "en un 20 por ciento" y volver a la que tenía en 2004, cuando no se había ampliado el Aeropuerto. "No tendría sentido reducir los vuelos", apostilló.
DERECHOS COMPATIBLES
El portavoz socialista aclaró que "es necesario más tiempo de análisis y diálogo con todas las partes afectadas: con los vecinos, con el Estado, y con trabajadores aeroportuarios". Se trata, señaló Hurtado, de "encontrar las mejores soluciones que hagan compatibles los derechos de todas las partes afectadas por este problema".
"Creemos que es necesario y posible compatibilizar los derechos de la ciudadanía afectada, con la viabilidad de las grandes infraestructuras aeroportuarias que representan enormes beneficios para todos los españoles, de forma que éstas no sufran mermas en su capacidad", añadió.
Y es que, para el PSOE, ambas cosas son compatibles pero para ello sería "fundamental" adelantar lo que establece la Ley del Ruido, y que plantea como solución la definición de servidumbre y la definición y ejecución de planes de acción "que serían financiados por el Ministerio de Fomento y que garantizarían el que no se supere un umbral de ruido y de molestias en las viviendas en el entorno del aeropuerto de Barajas. 
En opinión del portavoz de los socialistas en la Comisión de Economía y Hacienda, lo que es incomprensible en este problema es la actitud del PP y de la Comunidad de Madrid que "movidos por el oportunismo que les caracteriza, han sido incapaces de defender los intereses de los madrileños por encima de los propios intereses de su partido".
Según Antonio Hurtado, el Ministerio de Fomento baraja otras alternativas distintas a la regulación legal que permita solucionar el problema. "Se nos ha pedido diálogo, estamos dispuestos a dialogar y a sentarnos con el PP, que es el que gobierna la Comunidad", añadió, al tiempo que señaló que están dispuestos a barajar distintas alternativas pero que, para ello, "es necesario adoptar una solución por "responsabilidad, porque es necesario para los vecinos pero también para la economía de este país".
La enmienda a la 'Ley Ómnibus', a propuesta del PSOE, añadía dos nuevas disposiciones transitorias a la Ley de Navegación Aérea, referidas a la regulación tanto de las infraestructuras aeroportuarias existentes como de las nuevas y fijaba un plazo de seis meses para su adecuación medioambiental (planes de acción y medidas correctoras o protectoras).
Concretamente, el texto recogía que dichas reglas "afectarán a los derechos individuales y colectivos de las poblaciones circundantes de los aeropuertos reconocidos o que pudieran reconocerse judicial o administrativamente".
Asimismo, establecía que las poblaciones afectadas estarán "obligadas a soportar los escenarios operacionales de mayor afectación acústica en los correspondientes aeropuertos, así como el ruido, sobrevuelos, frecuencias e impactos ambientales que pudieran resultar" en tanto se aprueban las servidumbres y sus correspondientes planes de acción.